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En cualquier sistema educativo es fundamental tener pruebas mostrales y censales que sirvan para valorar el sistema educativo y las decisiones que se toman; para esto es para lo que sirven las pruebas PISA, las pruebas de competencias básicas, exámenes que lleva a cabo todo el alumnado como las PAU. Por supuesto, la información que aporta cada prueba es diferente y hay que saberla utilizar, pero es que sin pruebas, ¿cómo se puede valorar si las políticas educativas que se toman son efectivas? ¿Según la buena voluntad y las intenciones de los que las impulsan? Un centro que aplica un cambio en su organización curricular o metodológica ha de poder tener pruebas de si esa opción mejora o empeora los resultados.
En Cataluña llevamos varios años en los que cada prueba de este tipo mostraba la crisis en la cual está el sistema: PIRLS, PISA, los resultados de las competencias básicas, de las PAU... muestran un sistema que se llena la boca de 'equidad' pero que ha dejado de ser un ascensor social. Los últimos gobiernos de Cataluña y el actual se llenan la boca de 'luchar contra la segregación' pero esta crece cada vez más. A la escuela catalana le cuesta cada vez más culturizar y posibilitar que todos sus alumnos, independientemente de donde vengan y de su estatus social, lleguen a unos mínimos.
¿Los motivos? Muchos los hemos comentado en otros artículos: un currículum competencial en el que no quedan nada claros los contenidos y habilidades que desarrollar, la ideología constructivista extendida por todo el panorama educativo catalán, los referentes sociales y la inexistencia de una cultura del esfuerzo clara y una inversion insuficiente. Recibir miles de alumnos de otros países que desconocen la lengua requiere que la administración ponga los recursos necesarios para que estos puedan tener éxito, empezando por conocer la lengua. En este sentido, poco se ha hecho y se han desperdiciado decenas de millones de euros en iniciativas como la de la escuela digital...
En este contexto, el gobierno de Cataluña (afectado por la normativa estatal) decidió que las pruebas de competencias, un termómetro importante para los centros sobre la efectividad de sus medidas, dejaran de ser censales y pasaran a ser mostrales. Una medida perfecta para no saber qué está pasando en los centros (y todavía no tenemos resultados a 28 de julio de la evaluación mostral). Luego ha venido la exclusión de PISA que ha explotado estos días por pretender ocultar al 25% del alumnado por maquillar datos. Da vergüenza ver la falta de responsabilidad de los políticos del ramo educativo en este país porque, como es habitual, no habrá nadie que asuma la responsabilidad.
Estamos en un momento en el que, por varios años, no se podrá valorar la evolución del sistema educativo catalán con varias de las pruebas estandarizadas que más ayudaban a hacerlo. Que tendremos que valorarla, ¿por la altura de las intenciones grandilocuentes que se plantean siempre desde el Govern o desde la 'Fundació Equitat' (nuevo nombre de la Fundacio Bofill)? Cuanto más se siguen las políticas de esta fundación, más segregación e inequidad hay en el sistema.
